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[Nettime-bold] Derechos Humanos en Cuba
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[Nettime-bold] Derechos Humanos en Cuba



LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ISLA DE CUBA 
EN 2001

CUBA
La situación de derechos humanos
La intolerancia del gobierno cubano de la democracia y la libertad de 
expresión siguió siendo única en la región. Cuba, con un Estado 
monopartidista, restringió casi todas las vías de disidencia política. 
Aunque los disidentes se enfrentaron ocasionalmente al procesamiento 
penal, el gobierno utilizó con mayor frecuencia las detenciones breves, los 
arrestos domiciliarios, las restricciones sobre los viajes, la vigilancia, las 
amenazas, los despidos por razones políticas y otras formas de 
hostigamiento. 
Las restricciones de Cuba sobre los derechos humanos estaban ancladas 
en la estructura legal e institucional del país. Los derechos a la libertad de 
expresión, asociación, asamblea, movimiento y de prensa estuvieron 
estrictamente limitados por la legislación cubana. Al criminalizar la 
propaganda enemiga, la divulgación de noticias no autorizadas, y el ultraje 
a los símbolos de la patria, el gobierno reprimió la libertad de expresión 
bajo la apariencia de la protección de la seguridad del Estado. Las 
autoridades también encarcelaron u ordenaron la vigilancia de personas 
que no habían cometido actos ilegales, recurriendo a leyes que penalizan 
el "estado peligroso" y disponen la "advertencia oficial." Los tribunales 
controlados por el gobierno socavaron el derecho a un juicio justo 
mediante la restricción del derecho a la defensa e incumplieron con 
frecuencia las escasas garantías del debido proceso con que cuentan los 
acusados dentro de las leyes nacionales. 
 		 	Las restricciones de Cuba sobre los 
derechos humanos estaban ancladas en la estructura legal e institucional 
del país. 
En julio, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación 
Nacional, una prestigiosa organización no gubernamental con sede en La 
Habana, hizo pública una lista parcial de presos políticos que incluía 246 
casos cuya documentación era confiable, según el grupo. Algunos de los 
presos mencionados en la lista estaban cumpliendo condenas sumamente 
largas-veinte o más años por crímenes tales como la "rebelión" o el 
"sabotaje," delitos definidos ampliamente por los tribunales 
cubanos-mientras que otros estaban cumpliendo sentencias cortas por 
desacato o alteración del orden público. 
El gobierno continuó procesando a personas por "salida ilegal" si 
intentaban salir de la isla sin obtener primero un permiso oficial para ello. 
Dicha autorización se negaba a veces arbitrariamente o dependía de la 
compra de un costoso permiso de salida. En junio, Pedro Riera Escalante, 
un ex cónsul cubano y agente de inteligencia en Ciudad de México, fue 
condenado por un tribunal militar a seis años de prisión por salir 
ilegalmente de Cuba con documentos falsos y por sobornar a funcionarios 
para permitir su salida. Riera Escalante había roto las relaciones con su 
gobierno y pedido asilo político en México, pero las autoridades 
mexicanas lo deportaron en octubre. 
A pesar de que sus tres co-reos fueron puestos en libertad en mayo de 
2000, el líder disidente Vladimiro Roca Antúnez seguía encarcelado en 
noviembre, cumpliendo el último año de una condena de cinco años. Los 
cuatro enjuiciados, entonces miembros del Grupo de Trabajo de la 
Disidencia Interna (GTDI), fueron condenados por "actos contra la 
seguridad del Estado" en marzo de 1999, después de que los hubieran 
detenido en julio de 1997. Su detención se produjo después de la 
publicación por el GTDI de un documento analítico sobre la economía, 
los derechos humanos y la democracia en Cuba. 
El Dr. Óscar Elías Biscet González, de treinta y nueve años, fue otro de 
los activistas prominentes que seguía tras los barrotes en noviembre. 
Biscet fue condenado a tres años de cárcel en febrero de 2000 por actos 
de protesta tales como darle la vuelta a la bandera de Cuba y portar 
cárteles contra el aborto. Biscet, presidente de la Fundación Lawton de 
Derechos Humanos, una organización independiente, fue condenado por 
deshonrar los símbolos patrios, alteración del orden público e instigación 
de la delincuencia. Se informó que desde su detención en noviembre de 
1999, había sido maltratado por las autoridades penitenciarias y 
mantenido en malas condiciones, lo que le provocó pérdida de peso y 
problemas dentales. En abril, se informó de que Biscet tuvo que compartir 
celda con un preso con problemas psicológicos. 
José Orlando González Bridón, líder de la Confederación Democrática de 
Trabajadores de Cuba, un sindicato no oficial, fue condenado a dos años 
de cárcel en mayo por "divulgar noticias falsas." Los cargos fueron 
consecuencia de un artículo que publicó en un sitio de Internet en agosto 
de 2000 en el que criticaba a la policía local por negligencia en la muerte 
de otro activista de los derechos del trabajador. En noviembre de 2000, 
poco después de su detención, González Bridón participó en una marcha 
de protesta en el que él y otros disidentes corearon "Abajo Fidel!" mientras 
enterraban simbólicamente la Constitución y el código penal de Cuba en 
pequeños ataúdes. Los fiscales habían solicitado inicialmente una 
condena de siete años para González Bridón. Aunque redujeron la 
petición de condena a un año, el tribunal agregó un año a la sentencia 
después de hallarle culpable. Después, en la apelación, la condena fue 
cortada a un año. González Bridón obtuvo la libertad condicional el 22 de 
noviembre, tres semanas antes de que venciera su condena. (Las leyes 
cubanas disponen la concesión de la libertad condicional, dependiendo 
del buen comportamiento, tras el cumplimiento de la mitad de la condena.) 
Otra persona que salió de la prisión con algo de antelación fue Julia 
Cecilia Delgado, puesta en libertad el 19 de octubre. Delgado, una 
bibliotecaria independiente y presidenta de una organización no 
gubernamental, había estado cumpliendo una condena de un año por 
"desacato." Delgado fue una de las cerca de 200 personas detenidas a 
principios de diciembre de 2000 dentro de una oleada de arrestos 
destinados probablemente a desalentar las concentraciones públicas del 
10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Se creía 
que el activista pro democracia Ángel Moya Acosta, procesado al mismo 
tiempo, iba a terminar su condena de un año en diciembre. 
Cecilio Monteagudo Sánchez, un miembro del Partido Solidaridad 
Democrática no oficial, fue puesto en libertad en junio. Había sido 
condenado por "propaganda enemiga" y condenado a cuatro años de 
cárcel en 1998. La policía cubana lo detuvo inicialmente en septiembre 
de 1997 por haber redactado, pero no publicado, un documento en el que 
pedía la abstención en las elecciones municipales. 
Los arrestos y las detenciones a corto plazo fueron mucho más frecuentes 
que los procesamientos penales. El caso más destacado se inició el 12 de 
enero, cuando los ciudadanos checos Jan Bubenik e Ivan Pilip fueron 
detenidos después de reunirse con periodistas independientes cubanos 
en la provincia de Ciego de Ávila. Bubenik, un ex activista estudiantil, y 
Pilip, un legislador y ex ministro de finanzas del gobierno checo, estuvieron 
detenidos durante casi cuatro semanas, mientras las autoridades cubanas 
consideraban si los procesaban por actos contra la seguridad del Estado. 
Los dos fueron puestos en libertad a principios de febrero tras intensas 
campañas diplomáticas de funcionarios europeos. 
Se informó de que, el 16 de enero, la policía secreta cubana detuvo y 
propinó una paliza a un disidente ciego, Juan Carlos González Leyva, 
junto con dos de sus colegas. Durante el año, docenas de disidentes y 
activistas de derechos humanos informaron de que los habían arrestado y 
detenido durante períodos breves, tales como horas o una noche. En 
algunas ocasiones, amenazaron o insultaron a los detenidos, o registraron 
sus casas. 
Independientemente de que estuvieran detenidos por delitos políticos o 
comunes, los presos se vieron sometidos a condiciones penitenciarias 
abusivas. Los presos sufrieron con frecuencia desnutrición y 
languidecieron hacinados en celdas sin atención médica adecuada. 
Algunos soportaron el abuso físico y sexual, habitualmente por parte de 
otros internos con la aquiescencia de los guardias, o largos períodos 
aislados en celdas de castigo. Las autoridades penitenciarias insistieron 
en que todos los presos participaran en sesiones de "reeducación" 
política o se enfrentaran a castigos. Los presos políticos que denunciaron 
las malas condiciones de la cárcel fueron sancionados frecuentemente 
con el confinamiento en solitario, la restricción de las visitas o la negación 
de tratamiento médico. 
 		 	Los presos sufrieron con frecuencia 
desnutrición y languidecieron hacinados en celdas sin atención médica 
adecuada. 
Cuba mantuvo la pena de muerte para toda una serie de delitos. En junio, 
el Ministro de Justicia, Roberto Díaz Sotolongo, dijo que Cuba prefería no 
emplear la pena capital por "razones humanitarias," pero que dicha 
condena servía como advertencia para los narcotraficantes. Las 
modificaciones al código penal de finales de la década de los noventa 
habían extendido la pena capital a los casos de narcotráfico con 
circunstancias agravantes. 
En abril, Elizardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos 
y Reconciliación Nacional, anunció que no se había aplicado la pena de 
muerte en Cuba durante el año anterior. "Estamos viendo una moratoria 
sobre la pena de muerte, pero deberíamos pasar a su abolición," explicó 
al parecer Sánchez. Dos salvadoreños condenados por participar en una 
oleada de atentados con bomba contra instalaciones turísticas de La 
Habana estaban también esperando la pena de muerte y habían estado 
detenidos desde 1998. Se informó de que una veintena de presos 
estaban condenados a muerte, aunque esto no se pudo comprobar por 
que las autoridades no ofrecieron información sobre las condenas a 
muerte y las ejecuciones. 
Las autoridades mantuvieron controles estrictos sobre la prensa, 
impidiendo la cobertura independiente de noticias dentro del país y 
adoptando medidas para limitar el trabajo de los reporteros extranjeros. En 
noviembre, el periodista independiente Bernardo Arévalo Padrón, director 
de la agencia de noticias Línea Sur Press, seguía encarcelado sin poder 
obtener la libertad condicional. Estaba cumpliendo una condena de seis 
años por "insultar" al Presidente Castro, impuesta en noviembre de 1997. 
En enero, el periodista independiente Jesús Joel Díaz Hernández, que 
había estado cumpliendo una condena de cuatro años por "estado 
peligroso," obtuvo la libertad condicional. 
Las autoridades detuvieron e interrogaron habitualmente a periodistas 
independientes, vigilaron sus llamadas telefónicas y las visitas que 
recibían, restringieron sus viajes y los pusieron en arresto domiciliario para 
impedir su cobertura de ciertos eventos. En mayo, como reconocimiento 
de dichas tácticas, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), 
un grupo de defensa de la libertad de prensa con sede en Estados 
Unidos, nombró al Presidente Fidel Castro dentro de los Diez Peores 
Enemigos de la Prensa en 2001. 
Para impedir las informaciones negativas de la prensa extranjera, las 
autoridades cubanas continuaron negando visas a ciertos periodistas 
extranjeros desfavorecidos. En enero, el Presidente Castro acusó a 
algunos reporteros de "transmitir insultos y mentiras," y sugirió que Cuba 
podría considerar la cancelación del permiso de sus empresas para operar 
en Cuba. "Les hemos tolerado años (a las agencias), reporteros aquí que 
insultan intencionada y deliberadamente a dirigentes de la Revolucion y a 
mí." 
El gobierno mantuvo un control considerable de la expresión religiosa, 
pero, en general, las instituciones religiosas y sus líderes disfrutaron de un 
grado de autonomía que no se permitió a otras organizaciones. Varios 
grupos administrados por grupos religiosos distribuyeron ayuda humanitaria 
y llevaron a cabo programas sociales. Sin embargo, el gobierno continuó 
frenando la entrada de sacerdotes y monjas extranjeros y prohibiendo a 
las instituciones religiosas que gestionaran escuelas (aunque se permitió la 
enseñanza de la religión). En contraste con las primeras décadas después 
de la Revolución Cubana, fue escasa la discriminación contra las 
personas abiertamente religiosas. 
El gobierno solo reconoció un sindicato, la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC). Se negó el estatus oficial a los sindicatos independientes y 
sus miembros fueron hostigados. Los trabajadores empleados en negocios 
financiados con inversiones extranjeras permanecieron bajo el control 
estricto del gobierno. Conforme a las leyes laborales restrictivas, las 
autoridades tenían una función destacada en la selección, el pago y el 
despido de trabajadores, negando en la práctica el derecho de los 
trabajadores a negociar los beneficios, los ascensos y los salarios 
directamente con los empleadores. Cuba también continuó utilizando el 
trabajo carcelario para explotar campos agrícolas y gestionar fábricas de 
ensamblaje de ropa y de otro tipo en sus prisiones. La insistencia de las 
autoridades en que los presos políticos trabajaran sin ser remunerados en 
malas condiciones violó las normas laborales internacionales. 
La defensa de los derechos humanos 
Los defensores de los derechos humanos fueron hostigados 
sistemáticamente. Las autoridades emplearon habitualmente la vigilancia, 
la intervención telefónica y la intimidación en sus esfuerzos para limitar la 
observación independiente de las prácticas del gobierno en materia de 
derechos humanos. En algunos casos, emplearon registros arbitrarios, 
detenciones breves, expulsiones de casas, restricciones de los viajes, 
despidos por motivos políticos, amenazas y otras formas de hostigamiento 
contra activistas locales. 
Aunque se permitió que la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia 
contra la mujer visitara el país en 1999, el gobierno prohibió en general la 
entrada de observadores internacionales de los derechos humanos y del 
derecho humanitario. Desde 1989, no se ha permitido al Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) que realice visitas a prisiones 
cubanas, con lo que Cuba es el único país de la región que impide dicho 
acceso. 
El papel de la comunidad internacional 
Las Naciones Unidas 
En su vigésimo séptima sesión de abril, la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU aprobó una resolución expresando su preocupación 
por las continuas violaciones a los derechos humanos en Cuba, la novena 
resolución de este tipo aprobada desde 1991, e instó al gobierno a que 
invitara a visitar el país a los relatores especiales de la ONU sobre la 
tortura y la libertad de expresión. 
En la resolución, la Comisión señaló que Cuba no ha introducido mejoras 
satisfactorias en el área de los derechos humanos. Expresó una especial 
preocupación por "la continuada represión de los opositores políticos y 
por la detención de disidentes y de todas las personas detenidas o 
encarceladas por expresar pacíficamente sus ideas políticas, religiosas y 
sociales y por ejercer su derecho a una participación plena e igual en los 
asuntos públicos." En un borrador anterior de la resolución se criticaba el 
embargo económico estadounidense sobre Cuba, pero ese texto se omitió 
en la versión final. 
La resolución, promovida por la República Checa, se aprobó con 
veintidós votos a favor, veinte en contra y una serie de abstenciones. 
La Unión Europea 
Cuba continuo siendo el único país de América Latina sin un acuerdo de 
cooperación con la Unión Europea. La "posición común" de la UE sobre 
Cuba, adoptada en 1996 y extendida en junio de 2001, condicionaba la 
cooperación económica plena a las reformas para la promoción de la 
democracia y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, una 
serie de miembros de la UE estaban a favor de revisar la posición común y 
establecer lazos más estrechos con Cuba sin condición alguna. Los 
países europeos ya acaparaban casi la mitad del comercio exterior de 
Cuba, y más de 180 compañías europeas operaban en la isla. 
Durante su visita a Bruselas en julio, el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Cuba, Felipe Pérez Roque, pidió que se revisara la política de la UE 
con respecto a Cuba. Unos meses después, los funcionarios de la UE 
anunciaron que la Unión Europea era partidaria de reanudar el diálogo 
político con Cuba y permitir que la isla se uniera al Acuerdo de Cotonou, 
que rige las relaciones de ayuda de la UE con países de África, el Caribe 
y el Pacífico. El Ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, Louis 
Michel, encargado de la presidencia rotativa del Consejo de la UE, había 
visitado La Habana en agosto y se había reunido con altos cargos del 
gobierno, así como con disidentes políticos. A su regreso a Europa, 
manifestó su apoyo al fortalecimiento de los contactos con Cuba. Las 
conversaciones políticas entre la Unión Europea y Cuba estaban 
previstas para finales de noviembre. 
A principios de octubre, los exiliados cubanos presentaron una demanda 
judicial en Bruselas contra el Presidente Fidel Castro y otros altos cargos 
del gobierno cubano, conforme a la ley que autoriza a los tribunales 
belgas a conocer casos de genocidio y crímenes contra la humanidad, 
independientemente de donde ocurrieran los hechos. El demandante 
principal en el caso era José Basalto, presidente del grupo de Miami, 
Hermanos al Rescate. Otro de los demandantes era Eugenio de Sosa 
Chabau, un ex director de periódico que pasó veinte años en la cárcel 
después de la Revolución Cubana. En la demanda se describían la 
tortura y otros abusos padecidos por presos políticos, entre ellos un 
incidente de 1960 en el que un preso recibió presuntamente 
electrochoques en la cabeza y los testículos. 
América Latina y la Organización de Estados Americanos 
El Presidente de Venezuela Hugo Chávez continuo siendo el aliado más 
fiable de Cuba en la región, y su país fue el único de América Latina (a 
parte de la propia Cuba) que votó en contra de la resolución de la ONU 
sobre las condiciones de derechos humanos en Cuba. Varios países de la 
región se abstuvieron en la votación, mientras que cuatro-Argentina, 
Costa Rica, Guatemala y Uruguay-votaron a favor de la resolución. 
Cuba reaccionó enérgicamente a la votación de la ONU y arremetió 
contra los países latinoamericanos que habían apoyado la censura. En 
febrero, antes de la sesión de Ginebra, el diario oficial cubano Granma 
acusó a Argentina de buscar la asistencia económica de Estados Unidos 
a cambio del voto en contra de Cuba ante las Naciones Unidas. El 
Presidente Castro acusó al Presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, 
de "lamer las botas de los yanquis," lo que provocó que Argentina retirara 
temporalmente a su embajador en Cuba. Tras la votación de Ginebra, 
Castro volvió a atacar a Argentina y dijo que Costa Rica estaba haciendo 
el papel de "lacayo, algo más que de lacayo, de sirviente" de Estados 
Unidos. También afirmó que Guatemala solo votó a favor debido a la 
fuerte presión de Estados Unidos. 
La segunda parte del año fue testigo de las iniciativas para eliminar los 
últimos vestigios del aislamiento diplomático de Cuba en la región. En 
septiembre, Honduras abrió una oficina de intereses en La Habana, un 
probable primer paso hacia las plenas relaciones diplomáticas. La 
iniciativa hondureña hizo que El Salvador fuera el único país de América 
Latina sin relaciones diplomáticas con la isla. El distanciamiento 
diplomático entre Cuba y otros estados latinoamericanos se remontaba a 
1961, cuando la Organización de Estados Americano suspendió su 
membresía. En agosto, en un discurso ante el Consejo Permanente de la 
OEA, el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Luis Alfonso 
Dávila, pidió sin rodeos la "completa integración" del hemisferio, alegando 
que ningún país debía quedar aislado. 
Estados Unidos 
La devastación provocada por el huracán Michelle abrió una brecha en el 
embargo económico estadounidense sobre Cuba, cuando compañías 
estadounidenses vendieron alimentos y medicinas a Cuba en noviembre 
de 2001 para compensar las pérdidas y reponer las existencias utilizadas 
tras la peor tormenta de la isla en media década. Las ventas, valoradas 
por los funcionarios de Estados Unidos en unos treinta millones de 
dólares, representaron las primeras transacciones comerciales entre los 
dos países desde la imposición del embargo. Las autoridades de 
Washington habían ofrecido originalmente a Cuba ayuda para aliviar el 
desastre, pero los funcionarios cubanos declinaron la oferta de ayuda y 
expresaron su interés en comprar alimentos, medicinas y otras 
necesidades básicas. 
Una ley promulgada en 2000 permitía la venta de alimentos a Cuba, y una 
ley anterior autorizaba la exportación de medicinas. Sin embargo, debido a 
que la ley sobre ventas de alimentos prohibía la financiación oficial o 
privada de las ventas, los funcionarios cubanos la habían criticado 
previamente, diciendo que iban a abstenerse de comprar alimentos hasta 
que se levantara el embargo. La compra realizada este año marcó una 
diferencia con dicha posición, aunque los funcionarios cubanos insistieron 
en que se trataba de una excepción. El Vicepresidente Carlos Lage 
explicó que no tenían razones para considerar las ventas como un 
cambio de política, sino más bien como algo que pasó debido al huracán 
y que no pasaba todos los meses en Cuba. 
En mayo, el Senador Jesse Helms y el Senador Joseph Lieberman 
introdujeron un proyecto de ley en el Congreso para asignar hasta cien 
millones de dólares durante cuatro años a la asistencia a disidentes, 
grupos de oposición, presos políticos y otras voces no gubernamentales 
en Cuba. El proyecto de ley, conocido como la Ley de Solidaridad con 
Cuba de 2001 (Cuba Solidarity Act of 2001), fue criticada por algunos de 
sus posibles beneficiarios, quienes temían que recibir ayuda del gobierno 
de Estados Unidos perjudicara su credibilidad y contribuyera a 
desacreditar sus opiniones. En marzo, se había introducido una propuesta 
paralela en la Cámara de Representantes. En noviembre, ambas 
versiones del proyecto de ley estaban siendo revisadas todavía por 
comités del Congreso. 
Un emigrante cubano, Eriberto Mederos, se enfrentaba a procedimientos 
para la retirada de su ciudadanía estadounidense en Florida a finales de 
año. Mederos podía perder la ciudadanía debido a las acusaciones de 
otro cubano americano de que el primero le había torturado cuando era 
un preso político en Cuba en la década de los sesenta. Según el antiguo 
preso, Mederos lo sometió a dolorosos tratamientos de electrochoque sin 
justificación médica alguna. 



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