Grano de Arena on Tue, 2 Mar 2004 20:20:34 +0100 (CET) |
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[nettime-lat] [ATTAC]INFORMATIVO 229 - ¿Deuda ilegal, deuda odiosa, deuda inmoral? |
EL GRANO DE ARENA Correo de información ATTAC n°229 Lunes, 1/03/2004 ______________________________ Suscriptores : 12 919 Gracias por hacer circular y difundir esta información. Para suscribirse o desuscribirse http://attac.org/indexes/ Este correo informativo ha sido elaborado por el equipo de colaboradores espontáneos de "El Grano de Arena". informativo@attac.org RTF : http://attac.org/attacinfoes/attacinfo229.zip PDF : http://attac.org/attacinfoes/attacinfo229.pdf ____________________________________________________________ En este número SECCIONES A. De interés general - B. Latinoamérica - C. ATTAC A1. ¿Deuda ilegal, deuda odiosa, deuda inmoral? El autor de este artículo sostiene que a pesar de su evidente firmeza y decidida actitud en la renegociación de la deuda externa con los organismos de crédito y acreedores internacionales, el actual gobierno vuelve a desaprovechar, como los anteriores desde 1984, una excelente oportunidad para desestimar porciones importantísimas de la deuda, alegando con justicia su ilegalidad y apoyándose en importante jurisprudencia internacional. B1. Nicaragua - Pronunciamiento del Movimiento Social Nicaragüense "Otro Mundo es Posible" A todas las Iglesias de buena voluntad (católica, protestante, evangélica...) a exigir la libertad de los hermanos y hermanas presos en EE.UU y a cuestionar la política militarista y hegemónica del gobierno de EE.UU en nuestro continente y en el mundo. B2. Bolivia: Asamblea Constituyente . Democracia Participativa en acción: La nueva Constitución Política del Estado debe incorporar, por primera vez en la historia de Bolivia, las concepciones, los usos y costumbres, la cultura misma de los pueblos originarios que conforman la mayoría de nuestra sociedad. Y, el primer elemento de esas concepciones, es la recuperación de la estructura productiva del país, destruida para dar paso al modelo colonial. B3. Bolivia: Los campesinos Sin Tierra destacan el reclamo de la iglesia: El Movimiento de Campesinos sin Tierra (MST) de Bolivia destacó un pronunciamiento de la Iglesia Católica sobre la inequidad en el campo, como confirmación de la necesidad de avances en la entrega de parcelas a los labriegos pobres. B4. Haití como evidencia: Ha figurado por décadas como el país más pobre y atrasado del continente americano. Superpoblada, deforestada y sometida a dictaduras y cuartelazos, es la quintaesencia de república bananera. C1. ATTAC-España - En defensa de la justicia fiscal y contra la perversión moral de los gobernantes: Ante las gravísimas declaraciones de Berlusconi afirmando el pretendido "derecho moral" a la defraudación fiscal, y ante la necesidad urgente del control democrático mundial de los movimientos financieros, y de poner fin a la criminalización de los circuitos internacionales de capital financiero C2. ATTAC-Argentina - Entrega de los resultados de las Primeras Jornadas de Consulta Popular No al ALCA A1. ¿Deuda ilegal, deuda odiosa, deuda inmoral? Salvador María Lozada* Algunos de quienes, como el que esto escribe, ya analizaban el tema de la Deuda Externa en los años 80 , concluían que ésta tendía a ser no solo una carga insoportable, sino también un instrumento de dominación, como acaba de denunciarlo con mucha pertinencia y precisión el Episcopado católico 2 . En ese propósito de subordinación el Fondo Monetario Internacional (FMI) jugaba un rol central, como inspirador y motor del endeudamiento, como persuasor y amansador de gobernantes, mayorías legislativas y órganos mediáticos. Con el paso de los años -y sobre todo a partir de la crisis de diciembre de 2001- estas nociones se fueron haciendo, felizmente, convicción colectiva. A comienzos de 1984, al concluir la dictadura militar, se pudo haber rechazado la deuda contraída por los usurpadores del poder político. Se pudo haber erigido una clara doctrina sobre la invalidez de los actos financieros que comprometieron al país, como consecuencia de la ruptura de la legitimidad democrática. Increíblemente, se desperdició esa oportunidad singular. Por el contrario, se siguió incrementando la deuda hasta el punto en que adquirió dimensión de catástrofe pública. Casi veinte años después, cuando cayó el gobierno de Fernando de la Rúa, se proclamó el default como un acto de salvación nacional. Pero afirmar que no se ha de pagar una deuda, es reconocer que existe y que es exigible. De nuevo en el 2001, como en 1984, la clase política manifestó su superficialidad y su incapacidad para un enfoque hondo y raigal del endeudamiento. A diferencia de otros ámbitos en los que marca una clara ruptura con el pasado, el nuevo gobierno exhibe ahora una política respecto al endeudamiento sobre la que es preciso formular algunas advertencias. Por de pronto, hablar de una quita supone una vez más que se reconoce como debido el total de la misma. Proponer pagar menos importa admitir que se debe lo más. Como en 1984 y en 2001, Argentina deja pasar la ocasión de un cambio importante, de una cesura o corte históricos y omite nuevamente los grandes planteamientos en los que puede hacerse fuerte; los cuestionamientos de principio sobre la legitimidad y exigibilidad de importantes segmentos de la presunta deuda; el rechazo in límine de la pretensión de muchos de los acreedores. Quedan así voluntariamente cancelados, por su propio beneficiario, los cruciales capítulos de la invalidez constitucional de la deuda, de su rechazo en los términos de la doctrina de la Deuda Odiosa, de la posible aplicación de la doctrina Espeche Gil, del examen de los diversos segmentos de un endeudamiento que es plural y heterogéneo y, lo último pero no lo menor, el escrutinio severo de las gravísimas responsabilidades ético-juridicas habidas en esta materia crítica. La consideración Constitucional La capacidad de endeudamiento del Estado ha sido objeto de dos normas, la de los incisos 3 y 6 del artículo 67 de la Constitución (ahora, después de la reforma de 1994, 4 y 7 del artículo 75). Ambas confieren aptitud en esta materia al Congreso nacional. No se trata de una adjudicación caprichosa, sino coherente con toda la historia del constitucionalismo. El endeudamiento público es cometido del Poder Legislativo porque en éste y sólo en éste están representados quienes a la postre van a tener que soportar el pago de ese endeudamiento: los ciudadanos de la Nación. Debe subrayarse que ninguno de los otros poderes del Estado tiene en las normas de los artículos 86 y 100 (ahora 99 y 116) de la Constitución -que enumeran sus atribuciones- ninguna competencia que de algún modo, así sea remotamente o por extensión, pueda significar una coparticipación en materia de endeudamiento público. Esa falta constitucional de competencia es aún más obvia cuando la deuda procede de las obligaciones que contrajeron los usurpadores violentos de los órganos del Estado, a través de la comisión del delito de rebelión. Dicho de otro modo, las dictaduras militares, es decir la ocupación delictual de las funciones de gobierno, constituyen inequívocas situaciones en las que la concertación de deudas no puede obligar al Estado, una vez recuperada la democracia, sino pasa por el control del Congreso, que tiene facultad expresa de ¿arreglar? la deuda interna y externa de la Nación . Pocos meses después de restablecidos los poderes constitucionales, el mayor de los constitucionalistas argentinos, Germán J. Bidart Campos, reclamó la intervención del Congreso con estas palabras:"(?) no estamos juzgando motivaciones, estilos, ni tecnicismos satisfactorios para poner en orden esta pesada carga de la deuda exterior. Estamos ante otra cosa: que el Congreso y no el Poder Ejecutivo- es el órgano de poder al que la Constitución señala para "arreglar" aquella deuda. Y un Congreso que bastante febrilmente ha asumido su rol legiferante ¡y enhorabuena!- no ha tomado la carta que debiera haber tomado en el arreglo de la deuda" . La deuda externa nunca fue arreglada; ni entonces ni después. Nadie quiso hacerlo. Ni el poder ejecutivo ni las cambiantes mayorías legislativas. Se siguió avanzando alegremente en el endeudamiento y en las viciosas negociaciones alegremente proclamadas como exitosas- con el FMI, como si la Constitución no existiera. Pero la Constitución existe y la deuda externa carece de validez constitucional mientras no sea arreglada por el Congreso, cosa que en ningún momento ha ocurrido. Es muy importante oponer esta razón fundamental a los acreedores. La Deuda Odiosa. En 1898, al cabo de la guerra con España por la isla de Cuba, Estados Unidos inventó la doctrina de la Deuda Odiosa, cuya formulación más simple es la inexigibilidad de las obligaciones que se contraen y pesan sobre el pueblo sin que las mismas hayan significado algún beneficio para éste. Se trataba de que los banqueros españoles no pudieran cobrar los préstamos hechos al gobierno colonial de Cuba. Se decía, con razón, que el pueblo de Cuba " no tuvo voz" en el endeudamiento. Ahora mismo, en Irak, Estados Unidos reflota sin mayor estruendo la teoría, tratando de que ese país ocupado se alivie de la deuda contraída con los europeos. ¿Menor tacha de oportunismo tiene el caso Tinoco?, el más resonante ejemplo de absolución de un Estado por las responsabilidades de sus deudas. Involucró, en el primer cuarto del siglo XX, a los gobiernos de Costa Rica y Gran Bretaña. El presidente Federico Tinoco, un dictador costarricense , había garantizado a una petrolera británica una concesión autorizada por él y aprobada por la Cámara de Diputados. Simultáneamente, el Royal Bank of Canadá otorgó un préstamo a Costa Rica. Sin embargo, según la Constitución de Costa Rica, un contrato que estipula ventajas impositivas (era el caso), necesitaba la aprobación de las dos cámaras legislativas, como ocurre en Argentina con el arreglo de la deuda externa. Luego de la caída de Tinoco, el nuevo gobierno repudió el contrato argumentando que quienes lo habían acordado actuaron fuera de su competencia. La disputa suscitó una controversia ante la Corte Internacional de La Haya, donde las partes confiaron el conflicto a un árbitro peculiar: el ex presidente de Estados Unidos William Taft, a la sazón presidente de la Corte Suprema de su país. En 1923, el fallo del juez Taft desestimó la demanda y respaldó la posición costarricense. En substancia el fallo alegaba que las "transacciones (?) que en sí mismas no constituyeron transacciones de naturaleza ordinaria estaban viciadas de irregularidades como las que padece el endeudamiento argentino por falta de participación del Congreso. Haber invocado en estos años la Doctrina de la Deuda Odiosa hubiera tenido doble pertinencia. Por un lado, es claro que la deuda externa, en alguno de sus segmentos dominantes, fue una alquimia financiera que permitió que nada entrara realmente al país y que, a través de simbolismos digitalizados, bancos y multinacionales se pudieran transferir dólares a casas matrices o cuentas en el exterior. No hay una sola obra pública, un solo hospital, un solo programa vial o de cualquier otro ámbito del desarrollo que se haya financiado con el endeudamiento externo. Uno de los actos de más insolente usurpación del poder público cometido durante la dictadura militar ocurrió hacia el final de esa etapa. Consistió en el "Comunicado A-251" del Banco Central, que declaraba con una impudicia sin límites la "transformación de la deuda externa privada en deuda pública", como dice el documento. Esto ocurrió el 17 de noviembre de 1982. En ese mes y el siguiente el gobierno de la dictadura dictó tres decretos complementarios de ese peculiar "Comunicado". El año siguiente en febrero, cuando la dictadura empezaba ya a colocarse en estado de fuga, ratificó esos decretos mediante una sedicente ley 22.749. Adviértase bien, la Constitución quiere que sea el Congreso y sólo el Congreso quien contraiga deuda pública. En el caso de la deuda privada convertida en pública en 1982, no fue el Congreso, ni el Poder Ejecutivo (inconstitucionalmente delegado por el art. 48 de la ley permanente complementaria del presupuesto), ni siquiera un ministro del Poder Ejecutivo sino un órgano subministerial el que creó uno de los segmentos onerosos de la deuda externa pública. Si no hay duda de que toda la deuda externa contraída al margen del Congreso debe ser arreglada por éste para que valga como tal, ¿qué decir de esta deuda privada transformada en pública por un acto de prestidigitación del Banco Central, de los cómplices de la dictadura ocupantes de esa institución? No hay la menor duda de que este engendro clama a gritos destemplados la muy razonable invocación de la doctrina de la Deuda Odiosa. ¿Qué más "viciado de irregularidad", para usar las palabras de William Taft? Ningún hecho expresa mejor la evidente voluntad de utilizar el endeudamiento de todo el pueblo a favor de un limitado grupo de personajes y empresas, cuyos nombres debieran estar inscriptos en algún lugar público para contrarrestar la débil memoria colectiva y como simple anuncio de un asomo de decencia en la vida pública argentina. La doctrina de la Deuda Odiosa no es una antigualla perdida en la historia económica. Tiene un sitio en Internet: www.odiousdebts.org Como se ha dicho, Estados Unidos la invoca ahora contra Alemania, Francia y Rusia, acreedores de Irak, para quedarse, si puede, con un país petrolero libre de deudas. La Corte Internacional de Justicia También se ha dejado de plantear la cuestión de la deuda ante el órgano jurisdiccional internacional, según la tesis de un notable diplomático argentino, el embajador Miguel Angel Espeche Gil, consistente en aplicar el derecho internacional público y llevar la cuestión de la deuda externa a la Corte Internacional de Justicia mediante el Procedimiento Consultivo. En consonancia con una visión realista y ante el agravamiento de la situación de la deuda, la XII Conferencia Interparlamentaria Unión Europea-America Latina, realizada en Bruselas en junio de 1995, pidió a los Estados miembros de los dos parlamentos que tomaran las iniciativas oportunas, buscando el apoyo de otros países del mundo, a fin de que la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitara a la Corte Internacional de Justicia de La Haya un dictamen consultivo que permitiese afrontar el problema de la deuda externa conforme a los principios generales del derecho internacional contemporáneo . La declaración recogía y hacía suya la tesis sustentada por Espeche Gil desde 1984, cuando fue adoptada en el XV Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, en Santo Domingo, en marzo de 1989. Esta línea de acción fue tan eficaz que incluso países de acreedores, como Italia, llegaron a aprobar en sus Parlamentos la decisión de pedir a la Asamblea general la consulta sobre la legitimidad de la deuda externa latinoamericana. Todos estos esfuerzos internacionales, con claros protagonismos argentinos y latinoamericanos, han sido ignorados y postergados por un tratamiento del problema que es pura y cruda anómia, puro y simple empirismo cuantitativo, como si el deber ser no existiera y todo pudiera resolverse como una miope y obtusa práctica mercantil, cuando se trata de un tema rigurosamente jurídico. Una actitud que desguarnece a la Nación argentina y facilita el camino de los presuntos acreedores. No reconstruir el proceso de formación de la deuda, no discriminar sus diferentes bloques algunos tan escandalosamente anómalos como el de la estatización de la deuda privada- meter a todos en la misma bolsa, ignorar el pasado, parecen ser los elementos de la actitud con la que se intenta negociar. Incluir en el grupo de bancos negociadores al Merril Lynch, de oscura ejecutoria en el llamado "canje de la deuda" agrega incertidumbre y peligrosa opacidad al panorama. La ley 25.780, de octubre último, aprobando las compensaciones a los bancos reclamadas por el FMI agrega un signo preocupante a la negociación . No debiera olvidarse que el endeudamiento ha sido la ocasión para que se cometieran innumerables ilícitos. La sentencia dictada en la denuncia hecha por Alejandro Olmos los describe con mucha precisión . Ese pronunciamiento fue enviado el Congreso para que éste obrara en consecuencia. Pero las mayorías legislativas desviaron la mirada, como si el asunto de la deuda, en el que el Poder Legislativo tiene específica y excluyente responsabilidad constitucional, les fuera ajeno. El clima de ilicitud recién aludido permite evocar lo establecido por la Comisión de Iustitia et Pax en el documento "Al Servicio de la Comunidad Humana: Una Consideración Ética de la Deuda Internacional", cuyo punto III, 2 dice: "Aceptar la corresponsabilidad internacional significa para los países en desarrollo proceder a un examen de las causas que han contribuido a aumentar la deuda (...) Un examen exacto de la deuda actual revelará la particularidad de cada país en desarrollo, tanto de las causas internas como de las soluciones y la posibilidades futuras (...) Las categorías que detentan el poder en los países en desarrollo deben aceptar que sus comportamientos y sus eventuales responsabilidades en el endeudamiento de sus países sean aclarados: negligencia en la instalación de estructuras adecuadas o abuso de las estructuras existentes (fraudes fiscales, corrupción, especulaciones monetarias, fuga de capitales privados, backshishs ¿coimas?- en los contratos internacionales. Este deber de transparencia y veracidad ayudaría a establecer mejor la responsabilidad de cada uno, evitar las sospechas injustificadas y a proponer las reformas adecuadas y necesarias tanto para las instituciones como para los comportamientos". Ese deber de transparencia y veracidad también ha sido completamente omitido. Su cumplimiento no solo hubiera neutralizado muchas pretensiones de presuntos acreedores. También hubiera contribuido a crear la atmósfera de rectitud y vocación ética propia de un nuevo ciclo histórico. * Presidente del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE); Presidente Honorario de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional; Ex Juez Nacional; Ex Profesor Titular Ordinario de la Universidad de Buenos Aires. B1. Nicaragua - Pronunciamiento del Movimiento Social Nicaragüense "Otro Mundo es Posible" El padre jesuita José Mulligan, ha sido condenado a 3 meses de prisión en Estados Unidos por exigir el cierre de la "Escuela de las Américas". El padre José se declaró en "ayuno y oración" desde el momento en que comenzó el cumplimiento de su sentencia. A través de esta acción profética y no violenta mantiene su exigencia del cierre de esta instalación militar y la retirada inmediata de las tropas de ocupación estadounidenses y latinoamericanas de Irak (y permitir así la autodeterminación y reconstrucción del pueblo irakí, con la ayuda de la ONU, si así lo decide su población). El Padre José es parte del Movimiento Social Nicaragüense "Otro Mundo es Posible" y trabaja desde hace años en Nicaragua con las Comunidades Eclesiales de Base, con el Voluntariado Jesuita Internacional y con organizaciones de no-videntes nicaragüenses. Junto a él, otros 27 ciudadanos y ciudadanas estadounidenses también han sido sentenciados a penas de hasta 6 meses de prisión. Dentro del grupo hay 3 sacerdotes mas y una religiosa (escolástica de Notre Dame), además de un pastor protestante y varias madres y padres de familia. En la Escuela de las Américas, instalación militar del ejército de EE.UU en Ft. Benning, Georgia, han sido entrenados muchos soldados y oficiales de los ejércitos latinoamericanos que participaron sistemáticamente en asesinatos, torturas, desapariciones, violaciones y masacres de cientos de miles de seres humanos en América latina durante los últimos años. El cierre de esta escuela, que sigue entrenando hoy en día a militares latinoamericanos, incluso nicaragüenses, viene siendo un clamor popular, tanto en EE.UU como en todo el continente, de miles de personas y organizaciones sociales y de derechos humanos. El pasado 20 de noviembre, en coordinación con las protestas que el P.José y miles de personas llevaban a cabo en diferentes lugares de EE.UU y del mundo, y convocados por el Movimiento Social "Otro Mundo es Posible", caminamos también en Managua exigiendo el cierre de esta escuela y contra la militarización del continente y la firma del Tratado de Libre Comercio (CAFTA), denunciando que todas estas acciones e instituciones son parte del mismo proceso de injerencia y control militar y económico que el gobierno de Estados Unidos lleva a cabo en Nicaragua, Centroamérica y todo el continente americano. Paradójicamente, quienes hoy exigen justicia para tantas víctimas asesinadas son perseguidos, mientras que los torturadores y asesinos adiestrados en la Escuela de las Américas, y los militares que los entrenaron y presidentes de aquel país que los financiaron, gozan de total impunidad. Condenamos, a casi un año del aniversario de la ocupación militar de Irak, la permanencia de tropas invasoras en aquel país comandadas por el ejercito de EE.UU, y la represión que se sigue llevando a cabo contra el pueblo irakí. También condenamos la manipulación por parte del gobierno Bush al ofrecer la nacionalidad estadounidense a cambio de ir a combatir a Irak a miles de latinos que por su miserable situación económica, fruto a su vez de las políticas neoliberales exigidas por instituciones multilaterales afines a la misma política de Washington, terminan aceptando el chantaje y son después carne de cañón, como el nicaragüense recientemente muerto en Irak y a cuyo funeral en Mateare ni siquiera asistió el presidente Bolaños en una muestra mas de su ya conocida insensibilidad humana. Por todo ello, el Movimiento Social Nicaragüense "Otro Mundo es Posible" hace los siguientes llamados urgentes: Al gobierno de Estados Unidos: para exigirle la inmediata liberación del Padre José Mulligan y de todos y todas aquellas personas que injustamente sufren prisión en estos momentos por el sólo hecho de ponerse del lado de la justicia y la paz al exigir el cierre inmediato de tan nefasta instalación militar. También para exigirle enérgicamente el cierre de la Escuela de las Américas, la retirada se sus fuerzas de ocupación militar de Irak y la renuncia a su estrategia de militarización de nuestro continente y de injerencia política en Nicaragua. Al gobierno del presidente Bolaños: a renunciar a su actitud entreguista frente a los intereses del gobierno de Bush y repatriar de inmediato a los soldados nicaragüenses que hoy se encuentran en Irak como parte de las fuerzas ilegitimas de ocupación. A la Asamblea Nacional de Nicaragua: a no ratificar el Tratado de Libre Comercio entre C.A y EE.UU, por ser este parte de la estrategia de hegemonía económica regional del gobierno estadounidense. A todas las Iglesias de buena voluntad (católica, protestante, evangélica...) a exigir la libertad de los hermanos y hermanas presos en EE.UU y a cuestionar la política militarista y hegemónica del gobierno de EE.UU en nuestro continente y en el mundo. Al pueblo de Nicaragua: a movilizarse cada viernes de 5 a 6 pm frente a la embajada de EE.UU en Managua, mientras el padre José esté preso, para exigir su liberación y la de sus compañeros y compañeras, presas y presos políticos del gobierno Bush y denunciar la política hegemónica estadounidense. POR LA LIBERTAD DEL P. JOSE MULLIGAN Y SUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS PRESOS POR LA NO INJERENCIA MILITAR Y ECONOMICA DE EE.UU POR LA PAZ CON JUSTICIA... PORQUE OTRA INTEGRACIÓN - sin TLC - ES POSIBLE PORQUE OTRA AMERICA ES POSIBLE PORQUE OTRA NICARAGUA ES POSIBLE PORQUE OTRO MUNDO ES POSIBLE B2. Bolivia: Asamblea Constituyente Democracia Participativa en acción Antonio Peredo Leigue El viernes 20 de febrero, el presidente Carlos Mesa promulgó la reforma de la Constitución Política del Estado, que incorpora las figuras del referendum (ya sea vinculante o consultivo, sobre temas de decisión nacional) y de la Asamblea Constituyente, que tendrá la misión de redactar una nueva Constitución. La gran movilización de octubre pasado se inició en demanda de dos grandes temas: la reversión de los hidrocarburos como patrimonio del estado boliviano y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. La tozudez del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, respondió el reclamo con una sangrienta represión que sólo concluyó cuando éste renunció y fugó del país. El porqué de la Asamblea Constituyente La exigencia de que se convocase a esta Asamblea, comenzó a gestarse en las movilizaciones del año 2000, cuando gobernaba Hugo Banzer. De los sectores populares surgió esta reclamación, como respuesta a la aplicación del modelo neoliberal que había agravado la miseria del país, por la entrega de los recursos naturales y del aparato productivo y de servicios a las transnacionales. Los sectores que enarbolaban esta reivindicación reclamaban el cambio total de la Carta Magna, con el objetivo de establecer una nueva estructura del Estado, que garantice la solución de las necesidades del pueblo. La demanda de que se convoque a una Asamblea Constituyente sensibilizó a tantos sectores que, en julio de 2002 -poco antes de que concluyese la gestión de Jorge Quiroga, quien sucedió a Banzer durante el último año de ese gobierno-, una marcha indígena que recorrió el país desde Santa Cruz hasta La Paz, tuvo como única consigna la Asamblea. Faltando apenas unos días para que concluyese su mandato, los partidos oficialistas firmaron un compromiso con los marchistas, para incluir la Asamblea Constituyente en la Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución. Sin embargo, como tantas veces lo habían hecho, faltaron a su compromiso y aprobaron esa ley sin incluir la figura de la Constituyente. Tal incumplimiento tuvo el efecto de sensibilizar a sectores de la clase media. Cuando Sánchez de Lozada asumió el gobierno, el tema se había convertido en uno de los dos temas más exigidos por todos. Ya en enero siguiente, Goni -como gusta que lo nombren-, enfrentó una movilización que se centró en los sectores campesinos que no reclamaban por sus intereses particulares sino por los de la nación: reversión de los recursos naturales y convocatoria a la Constituyente. Las sangrientas jornadas de febrero y de octubre, hicieron imposible que se negase ambas reclamaciones. Goni y sus principales colaboradores huyeron del país y el nuevo presidente anunció, en su discurso de posesión, que cumpliría con el mandato popular. La Constituyente es un proceso Incorporada a la CPE, la Asamblea Constituyente puede ser convocada en el futuro inmediato. El texto constitucional dice que será convocada mediante ley aprobada por el Congreso Nacional y que el presidente no puede vetar. La ley de convocatoria establecerá el número de constituyentes, la forma en que serán elegidos y, talvez, el tiempo que durarán en funciones. En el ejercicio de una democracia participativa que así se iniciará, se redactará esa ley como conclusión de un proceso de seminarios, talleres, consultas y encuestas que deben realizarse en todo el país. Hay muchas propuestas, principalmente sobre la forma de elección. Van desde una designación corporativa, hasta la elección de un número igual de representantes en cada uno de los 9 departamentos, sin importar la población que tengan. Lo más probable, sin embargo, es que se proceda a una elección que garantice una representación adecuada a los diferentes sectores de la sociedad y a las distintas regiones del país. Con ese propósito, la reforma constitucional ha suprimido el monopolio de los partidos políticos para que, agrupaciones ciudadanas y pueblos originarios, puedan presentar candidatos. En cuanto al número de asambleístas, unos postulan el mínimo posible, argumentando que, de ese modo, se conformará una asamblea con una adecuada eficiencia. Otros, en cambio, prefieren una representación muy numerosa que garantice la presencia de todos los sectores. Tendrá que darse un término tal que, posibilitando una representación social y regional suficiente, no llegue a ser masiva. Refundar el país Convocar una Asamblea Constituyente para ampliar los derechos ciudadanos y perfeccionar el aparato estatal, sería una exageración. Para eso, es suficiente la reforma parcial de la Constitución Política del Estado. La Constituyente tendrá la misión de dar una nueva Carta Magna al país. La actual Constitución tiene un claro perfil liberal: derechos y deberes de las personas, estructura clásica del Estado, garantía de la propiedad privada, etc. Los procesos vividos en los últimos setenta años agregaron algunas conquistas sociales: derechos sindicales, protección de la parcela campesina y, en años muy recientes, reconocimiento del carácter pluricultural y multilingüe de nuestra sociedad. La implantación del modelo neoliberal desde 1985, hizo que estas conquistas sociales fuesen transgredidas por los gobiernos que se sucedieron desde entonces. Así, los recursos naturales fueron entregados a empresas transnacionales. Los sindicatos son desconocidos por los empresarios. Las huelgas son automáticamente declaradas ilegales por el Ministerio del Trabajo. La parcela campesina no tiene ninguna protección. Hasta los derechos esenciales de la persona, como el derecho al trabajo, han quedado suprimidos en los hechos. Pero, como dijimos, no se trata solamente de restituir y consolidar esos derechos. La nueva Constitución Política del Estado debe incorporar, por primera vez en la historia de Bolivia, las concepciones, los usos y costumbres, la cultura misma de los pueblos originarios que conforman la mayoría de nuestra sociedad. Y, el primer elemento de esas concepciones, es la recuperación de la estructura productiva del país, destruida para dar paso al modelo colonial. El Estado debe constituirse en promotor de la producción nacional, con un gobierno organizado de forma tal que todos sus mecanismos contribuyan a ese propósito. La legislación deberá elaborarse en una Asamblea Legislativa ágil, representativa de la sociedad y sometida a su control. La justicia tendrá que impartirse por tribunales que sean responsables ante la sociedad. De esa dimensión es la tarea que se espera de la Asamblea Constituyente. Servicio Informativo "Alai-amlatina" Agencia Latinoamericana de Informacion - ALAIinfo@alainet.orgURL:http://alainet.org B3. Bolivia: Los campesinos Sin Tierra destacan el reclamo de la iglesia Al mismo tiempo, el Gobierno admitió la situación señalada por la Iglesia, con datos oficiales en el sentido que el 80% de los agricultores poseen el 3% de la tierra cultivable, mientras grandes propietarios conforman un 20% y acaparan el 97 % de las áreas habilitadas para producir. Un pronunciamiento del Programa de Promoción de la Participación y del Control Social (Propacs) invocó esas cifras para demandar una redistribución más justa de la tierra, así como seguridad jurídica, reforzamiento y democratización del control del proceso. La declaración eclesiástica reclamó asimismo acceso a los recursos naturales, apoyo a la producción, acceso a mercados y mayor participación y concertación social en el agro. El dirigente del MST Eulogio Quito destacó el carácter solidario de la declaración católica, hacia unas 200 mil familias que según la organización no tienen tierras para trabajar con fines de subsistencia. Quito planteó que la posición de la Iglesia Católica evidencia la necesidad de avances en una negociación entre el MST y el Gobierno, para acelerar el proceso de entrega de tierras a los campesinos pobres, establecida por la Ley del Instituto de Reforma Agraria hace diez años, pero sin avances satisfactorios, según los labriegos. Según Propacs, en la década transcurrida citado organismo sólo ha cumplido su tarea de distribuir tierras en un 22 por ciento, 44 por ciento de las parcelas teóricamente disponibles están sometidas a un proceso de verificación sobre la legalidad propietaria o su aprovechamiento económico y no se ha hecho nada en el 34 por ciento restante. El dirigente indicó que uno de los problemas para la entrega de predios es que no se encuentran áreas fiscales cuya distribución prevé la citada legislación y que fueron ilegalmente entregados a latifundistas por ejecutivos del Instituto. El MST dejó semanas atrás en suspenso un plan de ocupaciones de tierras privadas ilegales u ociosas -que deben ser repartidas, según la legislación vigente- a la espera de negociar con el Gobierno la aceleración del proceso de verificación, para la distribución entre los necesitados. Apuntó sin embargo Quito que su organización considera que las tomas de predios invocan razones de legitimidad, independientemente de que los mismos sean legalmente patrimonio de latifundistas, pues estos no son propietarios originales. El delegado presidencial de Tierras, Gustavo Pedraza, reconoció la desigualdad denunciada por la Iglesia y el MST, que un diario local definió como uno de los mayores dolores de cabeza del Gobierno del Presidente Carlos Mesa. Pedraza dijo que, consciente de la inequidad existente y de acuerdo con las demandas eclesiásticas, la administración trabaja sin pausa a fin de resolverla, pero pidió entender que el problema no se puede resolver en tres meses, tiempo que media desde que Mesa asumió funciones y creó el cargo de Delegado Presidencial para el tema. El funcionario aseguró que existe decisión oficial para trabajar con el Campesinado en la redistribución de las tierras y apuntó que esta tarea no puede ser rápida y enfrenta la falta de capacidad logística del Estado. Anunció Pedraza por otra parte una próxima reunión con la jerarquía de la Iglesia Católica, para dialogar sobre la búsqueda de soluciones al problema de la tierra. El delegado presidencial fue recientemente vapuleado por terratenientes de la oriental región de Santa Cruz, por haber abierto proceso contra varios de los más grandes propietarios, por haberse apropiado ilegalmente de importantes extensiones de tierras estatales. Entre los procesados figuran empresarios y políticos ligados al pasado régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada -quien renunció en octubre presionado por una rebelión social-, como el diputado y millonario banquero, Jorge Valdez, y el ex ministro y ex diplomático Andrés Petricevic. redaccion@argenpress.info info@argenpress.info B4.Haití como evidencia Augusto Zamora R.* Ha figurado por décadas como el país más pobre y atrasado del continente americano. Superpoblada, deforestada y sometida a dictaduras y cuartelazos, es la quintaesencia de república bananera. Menos evidentes son las causas de tal situación. Invadido por Estados Unidos en 1915 para proteger los intereses del City Bank y la National Railroad, en 1918 le cambió la Constitución, que prohibía la venta de tierras a extranjeros, para que empresas estadounidenses tomaran las mejores. En 1917, se alzó contra la intervención Charlemagne Peralte, asesinado en 1919. La ocupación acabó en 1934, dejando en su lugar una constabulary, ejército indígena entrenado y armado por Estados Unidos para usarlo como guardián de sus intereses. En ese ejército se apoyó la familia Duvalier, que oprimió y expolió Haití durante décadas con el beneplácito de la Casa Blanca. En 1990, vio una luz el desolado país cuando un cura católico, al frente del movimiento Lavalás, avalancha en creole, ganó las primeras elecciones libres en cien años. El padre Jean Bertrand Aristide asumió el poder entre grandes expectativas, pero poco duró el sueño. Meses después fue derrocado por el ejército con la venia de Estados Unidos y el país fue otra vez sumido en miseria y desesperanza. De poco sirvieron las sanciones y condenas internacionales. Aristide fue invitado a permanecer en Estados Unidos donde, entre agasajos y francachelas, se operó la transformación. Dejó el sacerdocio, se aficionó a la buena vida y se hizo amigo íntimo de sus anfitriones. En 1994, con un mandato del Consejo de Seguridad, el gobierno Clinton intervino en Haití y restableció en el poder a Aristide. Éste gobernó lo justo para organizar elecciones y traspasar el poder a un candidato único, en unas elecciones en las que apenas participó el 20 por ciento de votantes. Aristide volvió al gobierno merced al resto de imagen que conservaba de lo que había sido. Los haitianos tardaron poco en descubrir que no era el Dr. Jeckyll sino Mr. Hyde. De su compromiso social y solidario quedaba lo mismo que de su sacerdocio. Gobernó desde la corrupción y el nepotismo, sumándose a la larga lista de gobernantes que estafan a sus pueblos y quieren conservar con balas lo ganado con engaños. La revuelta social que vive Haití se ha convertido en un río revuelto donde medran golpistas desterrados y paramilitares, acentuando la disolución política y social del país. Aunque mucha culpa tiene, no es Aristide el responsable último. El Haití de hoy es resultado de noventa años de intervenciones extranjeras que han desarticulado el país, saqueado sus riquezas y corrompido a políticos e instituciones. El país antillano ofrece el rostro descarnado del imperialismo y los efectos perversos de la injerencia extranjera, que nunca llega para favorecer un país sino para expoliarlo y no quiere su bienestar sino su sumisión. Las instituciones que crea -ejército, gobierno, parlamento- no quedan para defender el país, sino para servir a los intereses del interventor. La intervención produce traumas y fracturas profundas que el intervenido sufre por décadas. Son tantos los ejemplos que sería gratuito recordarlo de no vislumbrarse una nueva intervención, que no será más útil que la de 1994. Permite ilustrar además, para quien aún albergue dudas, el destino que espera a un país como Iraq, cuya situación es similar a la de Haití en 1915. Para que luego digan que la humanidad progresa o que el imperialismo cambia. *Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid a_zamora_r@terra.es Agencia de Información Solidaria C1. Attac-España: En defensa de la justicia fiscal y contra la perversión moral de los gobernantes Ante las gravísimas declaraciones de Berlusconi afirmando el pretendido "derecho moral" a la defraudación fiscal, y ante la necesidad urgente del control democrático mundial de los movimientos financieros, y de poner fin a la criminalización de los circuitos internacionales de capital financiero que se apoyan en los paraísos fiscales y centros financieros off-shore, ATTAC España cree necesario y urgente manifestar públicamente: - Condenamos las declaraciones del presidente italiano Silvio Berlusconi, y en caso de no rectificar urgente y públicamente sus manifestaciones sobre el pretendido "derecho moral" a la defraudación fiscal, solicitamos sea desautorizado por las autoridades de los paises europeos. - Manifestamos nuestro apoyo a ATTAC Italia, y a todas las organizaciones sociales y ciudadanas que en aquel país se manifiestan contra la actuación política de Berlusconi, y en especial contra sus actitudes ambiguas en el escándalo financiero de Parmalat y en los temas de defraudación y criminalidad fiscal. - Proclamamos la necesidad de una resuelta actitud ciudadana mundial en defensa de la justicia fiscal, por la abolición de los centros financieros off-shore y de los paraísos fiscales, así como por la urgencia de una actitud política contundente y efectiva de los gobiernos contra la delincuencia financiera. En Madrid, a 21 de febrero de 2004 C2. ATTAC-Argentina: Entrega de los resultados de las Primeras Jornadas de Consulta Popular No al ALCA Una multitudinaria marcha de alrededor de 5.000 personas se desplazó el martes 24 entre la Plaza del Congreso y la Plaza de Mayo para entregar a la Presidencia de la República los resultados de las Primeras Jornadas de Consulta Popular realizadas entre el 20 y el 26 de noviembre ppdo. La Autoconvocatoria contra el ALCA de la que participan más de 200 organizaciones no gubernamentales (ONGs) religiosas, políticas, sindicales y sociales de todo el país organizó en la mencionada fecha a través de más 5.500 mesas de votación y la participación de unos 20.000 militantes, una consulta ciudadana que incluyó tres preguntas fundamentales: las opciones de apoyar o no la firma del acuerdo de libre comercio con los EEUU (ALCA) la aceptación o no de pagar la Deuda Externa y la aprobación o no de la presencia temporal o permanente de fuerzas militares y de bases extranjeras en el país. Los resultados fueron contundentes el 96 % se pronunció en contra del ALCA, el 88% por el No Pago de la Deuda externa y el 97% contra la Militarización o presencia de tropas extranjeras en nuestro territorio, sobre un total de casi 2.300.000 votantes. Estas cifras muestran bien a las claras el grado de concientización alcanzado por una importante mayoría de la población previamente informada de las negativas consecuencias que cada una de ellas y el conjunto de estas decisiones pueden generar en el futuro inmediato agravando las ya difíciles condiciones de pobreza y de subdesarrollo a que sucesivos gobiernos desde la nefasta Dictadura Militar han venido arrojando al país. Los escasos recursos disponibles tanto para la difusión de sus objetivos como para la instalación de un mayor número de mesas de votación no impidió sin embargo un pronunciamiento popular cuyos resultados dan una cabal imagen del grado de percepción de la ciudadanía de las causas que han llevado a nuestro país a la actual situación y que de continuar en la misma dirección pueden retrotraernos a un irremediable y certero estado de absoluta y total colonización. Estas inquietudes fueron claramente expresadas al representante del Presidente de la Nación, Secretario General de la Presidencia D. Oscar Parrilli, quién al concluir la Marcha recibió a una nutrida delegación de representantes de la Autoconvocatoria en la Sala de Situación del Palacio de Gobierno. Los delegados entre quienes se contaban el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquibel, de ATTAC su Director Julio Gambina, y la que suscribe Susana Merino, Nora Cortiñas de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Beberly Keene de Diálogo 2000, Isaac Rudnik de Barrios de Pie y varios más, representantes todos de las organizaciones que conforman la Autoconvocatoria, entregaron al señor Secretario una carpeta conteniendo los resultados de la Consulta y le hicieron presente la necesidad de que el Gobierno escuche la voz del pueblo, oriente sus decisiones políticas y económicas conforme a este pronunciamiento, y se niegue a aceptar imposiciones foráneas especialmente procedentes de los Organismos Financieros Internacionales y del Gobierno de los EEUU. El Sr Parrilli escuchó atentamente los argumentos expresados y reconoció la importancia de la labor desarrollada en materia de difusión de los contenidos que inspiran a la Autoconvocatoria, pero en modo alguno comprometió cambios en las actuales políticas del Gobierno en lo referente a seguir discutiendo temas que como el ALCA o el pago de una Deuda Externa ilegal y espuria debieran ser frontalmente rechazados por atentar peligrosamente contra nuestra ya ciertamente amenazada soberanía. Como corolario algunos de los delegados dirigieron la palabra en la Plaza de Mayo a los asistentes a la marcha, quienes debieron esperar pacientemente casi dos horas, convocándolos a seguir luchando y a desarrollar toda clase de imaginativas estrategias para lograr imponer políticas que respondan a los genuinos intereses de la nación y de sus ciudadanos. Advertencia: Los documentos publicados no comprometen a la asociación ATTAC salvo mención en contrario. Pueden ser la opinión de grupos temáticos, personas u otras organizaciones. Se trata solamente de aprovechar las experiencias y las ideas disponibles para poder construir juntos ese otro mundo posible, para reapropiarnos de nuestro porvenir. ---- Advertencia: Los documentos publicados no comprometen a la asociación ATTAC salvo mención en contrario. Pueden ser la opinión de grupos temáticos, personas u otras organizaciones. Se trata solamente de aprovechar las experiencias y las ideas disponibles para poder construir juntos ese otro mundo posible, para reapropiarnos de nuestro porvenir. _______________________________________________ Nettime-lat mailing list Nettime-lat@nettime.org http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-lat